Eduardo García Polinciano
Buen inicio de semana estimados lectores. Se fue noviembre, inicia el último mes del año a cuidarnos y redoblar esfuerzos por nuestra salud. Estos fueron algunos de los acontecimientos importantes en el Congreso de la Unión:
Fuero
En el marco del combate a la corrupción y la impunidad en la esfera pública y de gobierno, que ha sido la principal causa del mayor deterioro de la vida pública del país, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la reforma los integrantes del Congreso de la Unión, durante el tiempo de su encargo, podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano; y precisar, que en estos casos, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 111 constitucional. Es de reconocer el esfuerzo de los legisladores y el diálogo que establecieron para sacar adelante el dictamen, pero, lamentablemente, con la reforma el fuero no se lo van a quitar al presidente, el fuero sigue para el presidente y si le quitan el fuero a algún legislador, será a uno de oposición o será utilizado políticamente para amedrentar a los grupos parlamentarios opositores a la actual administración. Ejemplos bastan y sobran, en la actual administración está Manuel Bartlett que es un ejemplo de corrupción y nadie le hace nada, o el acto ilícito de Pio López Obrador, las casas de la secretaria de la Función Pública por mencionar algunos y los han exonerado o han contado con el beneplácito del actual gobierno. La minuta aprobada regresa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Iniciativa de subcontratación
Las comisiones de Trabajo y Previsión Social de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados realizaron en la semana el parlamento abierto de análisis a la iniciativa presidencial en materia de subcontratación laboral (outsourcing).
En el evento participó el Procurador Fiscal Juan Carlos Romero Aranda y en su exposición exhortó a quienes utilicen la figura de subcontratación para evadir impuestos regularicen su situación fiscal. Advirtió que la evasión fiscal tendrá consecuencias graves.
Destacó que la subcontratación ha generado diversos daños a la hacienda pública federal porque omiten el pago de impuesto sobre la renta y omiten el pago del impuesto al valor agregado.
Finalmente, reiteró que con la reforma 2020 ya se tiene prisión preventiva oficiosa contra las personas que contratan o aquellas que prestan el servicio de subcontratación laboral.
Por su parte, los representantes de diversas organizaciones empresariales coincidieron en señalar que están de acuerdo que se combata las prácticas ilegales en las que incurren empresas que utilizan el sistema de subcontratación para incurrir en delitos fiscales y que atentan contra las prestaciones sociales de los trabajadores.
Comentaron que la subcontratación actualmente preserva la certidumbre laboral a más de 4.5 millones de empleados y se realiza en armonía con los estándares y prácticas internacionales, además de contribuir a la productividad y competitividad.
Aseguraron que la subcontratación reduce los costos administrativos de las empresas, reclutamiento, selección y capacitación de personal y procura el acceso a personal especializado permitiendo a las empresas enfocarse en sus líneas principales de negocio.
Los principales argumentos en contra de la iniciativa externados fueron los siguientes:
- Necesidad de ampliar el periodo de transición. Para modificar el modelo de negocios
- Homologación de los términos en las diferentes leyes.
- Criminalización excesiva de la ley. Ya el código prevé términos y genera dudas provocando incertidumbre jurídica.
- Registro en estados financieros o de servicios personales, puede afectar la acreditación crediticia.
- Definición clara del servicio especializado.
- Especificar los giros que pueden inscribirse en el padrón de servicios especializados.
- Especificar el tiempo que tendrá la autoridad para emitir las reglas de inscripción al padrón.
- Revisar lo relacionado con la responsabilidad solidaria de la empresa.
- Agregar un artículo transitorio que daría tiempo a empresas y trabajadores para ajustarse a la nueva ley.
- No desaparecer la subcontratación de personal.
- Certidumbre jurídica a inversiones nacionales e internacionales.
- Creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación bajo el control de la STPS, con expedición de constancia de inscripción.
- El insourcing debe quedar fuera de esta reglamentación, ya que las empresas con esta estructura otorgan en su mayoría prestaciones sociales mayores a las de la ley, por lo que cumplen con las obligaciones obrero-patronales y fiscales.
Esperemos que el parlamento sea el medio para tomar una decisión que por una lado se protejan todos los derechos de los trabajadores, se acabe con los abusos cometidos por las empresas que utilizan la subcontratación para ejecutar despidos, para evitar antigüedad, subregistro en el IMSS, Infonavit con percepciones por debajo de lo real y muchos otros abusos, pero por otro lado, están los empresarios que cumplen con sus responsabilidades, de aquí la necesidad de legislar buscando castigar a los empresarios corruptos y abusadores y por otro proteger a los cumplidores y que se tomen en cuenta las observaciones que valgan la pena rescatar. Estaremos atentos a la decisión que tomen los legisladores, pues se pretende aprobar antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre.
Reforma al Poder Judicial
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. Se dice que la reforma es importante y de gran trascendencia y de largo alcance y que contribuirá al fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, de la impartición de justicia y de la conformación como mayor aspiración de una sociedad mucho más justa a la que llegue más, mejor, pronta y expedita la justicia.
Los puntos fundamentales de la reforma radican en los artículos 100, 105 y 107. Con las reformas se pretende los siguiente:
Consolidación de una carrera judicial para todas las categorías, cuyo ingreso o acceso será por concurso de oposición y en la limitación de la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados para garantizar que sólo se otorguen a quienes tienen méritos y aprueben los concursos.
Se fortalecen las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo dentro del Poder Judicial Federal;
Se impulsa la capacitación y la profesionalización del personal, a cargo de la Escuela Federal de Formación Judicial, que tendrá que jugar un rol central en los concursos de oposición, además de la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos.
Se fortalece el Instituto de la Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los ciudadanos, en particular de aquellos que son más vulnerables.
Se establecen plenos regionales, en sustitución de los plenos de circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que se ejerza jurisdicción, así como sobre todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre los órganos jurisdiccionales.
Se transforman los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mejor y mayor calidad, y mayor certeza en sus relaciones ahora como órganos colegiados.
Se modifica el sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrine constitucional genere, enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.
Ante la falta de credibilidad y de confianza hacia las autoridades encargadas de impartir justicia en el país, esperemos que la reforma sea un paso para atender una de las principales asignaturas pendientes y anheladas por los ciudadanos que es la demanda de justicia, y que los cambios constitucionales faciliten y garanticen el acceso para todos el ejercicio y disfrute pleno de nuestro derecho humano.
Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.
