México.-Un juez federal de distrito determinó otorgar la libertad a cuatro de los siete militares acusados de haber participado en el asesinato de 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
La libertad se les concedió al no haber encontrado pruebas suficientes para procesarlos por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento; así como por no haberles respetado sus derechos fundamentales.
No obstante, los cuatro elementos del Ejército permanecerán encarcelados en el Campo Militar Número 1, debido a que continúan en un proceso de investigación en juzgados castrenses por violaciones al reglamento.
Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) prevé apelar el fallo, el mismo juez de distrito dictó auto de formal prisión en contra de otros tres militares por los delitos de homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios.
Al referirse al auto de libertad, el abogado Juan Velásquez, quien conoce el expediente, señaló que las pruebas fundamentalmente de la ejecución son los dichos de las tres mujeres, de las dos presuntas prostitutas y de la mamá, nada más que esos dichos han sido absolutamente contradictorios porque han declarado varias veces y cada vez cosas distintas.
En junio pasado, EL UNIVERSAL informó que las tres principales testigos de cargo cayeron en contradicciones en las declaraciones que forman parte del expediente que integró la PGR.
Las tres testigos Cinthia Estefany Nava López, Patricia Campos Morales y Clara Gómez González, alias Julia, aseguraron que estaban secuestradas, pero después cambiaron su versión y dos de ellas aceptaron que eran sexoservidoras contratadas por integrantes del grupo armado que se enfrentó a elementos del Ejército, según la averiguación previa AP/PGR/-SEIDO/UEITA/174/2014.
Ahora en la resolución del juez de distrito se dictó la libertad de los militares y se ordenó al juez de primera instancia reponer el procedimiento manifiesto tras violar los derechos de los militares, pues no se les permitió hablar con un abogado ni se les notificó el delito por el que fueron imputados, por ello se les volvió a tomar su declaración preparatoria y en el término constitucional de 72 horas se determinó su liberación.
por EL UNIVERSAL
