Integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado solicitaron este lunes 9 de noviembre la intervención de la Fiscalía General de la República en la investigación por el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y activista social. La petición surge de la desconfianza que el colectivo expresó hacia autoridades municipales y estatales. Hasta ahora, la carpeta permanece en la Fiscalía General del Estado de Morelos; el llamado ciudadano no significa que la dependencia federal haya asumido formalmente el caso.
Una exigencia de investigación fuera del ámbito estatal
La organización pidió que funcionarios del Ayuntamiento aporten información sobre los conflictos y posibles amenazas que Rivas Ríos habría denunciado antes de morir. Arturo Torres Romero, integrante del colectivo, señaló en particular la necesidad de citar al secretario general municipal, Óscar Cano Mondragón. El planteamiento busca ampliar las diligencias y conocer el contexto de la víctima, pero no constituye una acusación judicial contra ninguna de las personas mencionadas.
La asociación anunció un plantón para el 20 de noviembre con el propósito de exigir resultados. Sus representantes explicaron que no confían en la investigación tal como se desarrolla en el ámbito local. Por separado, la fiscalía estatal había informado que valoraba citar a integrantes del Cabildo y a funcionarios municipales. La coincidencia entre esa posibilidad y la petición del colectivo no implica que las comparecencias se hayan efectuado ni que exista una línea de investigación confirmada públicamente.
El Gabinete de Seguridad federal anunció colaboración para esclarecer el homicidio, según la información difundida sobre el caso. Esa asistencia es distinta de una atracción formal de la carpeta por la Fiscalía General de la República. La diferencia institucional importa: una cosa es que autoridades federales apoyen las pesquisas y otra que cambie la dependencia responsable de conducirlas. Al cierre de la jornada, el expediente seguía bajo la competencia de Morelos.
El crimen y la trayectoria pública de Rivas Ríos
Gabriel Rivas Ríos fue asesinado la semana pasada en Cuernavaca mientras viajaba en su camioneta, en la zona de los Ejidos de Acapantzingo. Era regidor por Morena y había participado durante años en causas sociales y ambientales. Entre sus intervenciones recientes figuraba su oposición a un desarrollo inmobiliario en una zona que consideraba inadecuada por razones ambientales. Ese antecedente ayuda a entender las preguntas de sus compañeros activistas, pero no permite afirmar por sí solo el móvil del homicidio.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el asesinato como un ataque dirigido y pidió que la investigación llegue tanto a los autores materiales como a quienes lo hubieran ordenado. También recordó que conocía al regidor y que éste había denunciado problemas asociados con un proyecto inmobiliario. Sus declaraciones expresan la valoración política y de seguridad de la presidenta; establecer quién participó en el crimen corresponde a las autoridades ministeriales y a las pruebas que reúnan.
El regidor había defendido otras demandas locales, entre ellas cuestionamientos por servicios públicos y tarifas, y participó en exigencias de justicia por el asesinato del activista Gustavo Salgado. Esas actividades sitúan su trabajo dentro de una red de movilización ciudadana en Morelos. Tras su muerte, miembros de esa misma red reclaman que se investigue sin descartar conflictos relacionados con su actividad pública ni adelantar conclusiones no respaldadas por la carpeta.
Qué está confirmado y qué falta por esclarecer
Los hechos confirmados son la muerte violenta del integrante del Cabildo, la investigación abierta en la fiscalía de Morelos, la colaboración anunciada desde el gobierno federal y la solicitud del colectivo para que intervenga la FGR. No se ha informado públicamente una resolución definitiva sobre el móvil, la identidad de autores intelectuales o una transferencia formal del expediente. Esa ausencia de conclusiones es precisamente una de las razones por las que familiares y compañeros piden más diligencias.
La convocatoria del 20 de noviembre busca mantener la presión social en un caso que combina la pérdida de un funcionario electo con la de un activista conocido en Cuernavaca. Las próximas actuaciones deberán mostrar si se realizan las comparecencias solicitadas, si se amplían las líneas de investigación y si la autoridad federal modifica su papel. Por ahora, atribuir el crimen a una disputa concreta o señalar culpables sería ir más allá de la información comprobada.
Fuentes: LodeHoy Morelos, La Jornada, Excélsior.
