Trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral iniciaron este lunes 9 de noviembre un paro de labores que dejó sin servicio a usuarios en distintas regiones de México. La convocatoria abarcó 20 entidades, aunque el grado de suspensión varió entre localidades y no todos los módulos de cada estado cerraron. El conflicto enfrenta la demanda de una nivelación salarial y mejores condiciones de trabajo con una propuesta institucional de incremento de 6% para parte del personal operativo.
Una protesta que llegó a los trámites de credencial
La suspensión comenzó alrededor de las 7:30 horas. En los módulos se realizan trámites de expedición, reposición y entrega de la credencial para votar, por lo que el paro afectó directamente a personas que tenían previsto acudir este lunes. Se reportaron cierres en Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Morelos, Puebla, Coahuila, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades. La información de cada sede mostró diferencias: algunos trabajadores cerraron instalaciones y otros mantuvieron la atención bajo protesta.
En Cuernavaca, Morelos, se suspendió el servicio en varios módulos fijos e itinerantes. En Nuevo León, las instalaciones de atención no prestaban servicio en sus puntos fijos y móviles durante la protesta. En Veracruz, ciudadanos que acudieron temprano encontraron oficinas cerradas. Estas situaciones no significan que la totalidad de los módulos nacionales haya dejado de operar; el alcance real de la jornada dependió de la adhesión del personal de cada oficina.
Además de los cierres, un grupo de empleados se concentró frente a las oficinas centrales del instituto en la Ciudad de México. Una comisión de inconformes llevó su pliego petitorio para dialogar con autoridades electorales. La protesta hizo visible una disputa laboral que se desarrolla precisamente en la red de oficinas encargada de una de las tareas cotidianas más reconocibles del INE: mantener al día el padrón y entregar identificaciones a la ciudadanía.
La distancia entre la demanda y la oferta salarial
Los trabajadores inconformes pidieron que su ingreso se equipare por lo menos a dos salarios mínimos. Entre los montos expuestos en la movilización figuran sueldos mensuales cercanos a 9 mil 600 pesos y una aspiración aproximada de 19 mil pesos. También reclamaron revisión de horarios, renovación de equipo obsoleto y mejores condiciones para organizar periodos vacacionales. Las cifras describen el planteamiento del grupo movilizado, no un acuerdo ya alcanzado.
El INE ofreció un ajuste de 6% para el personal operativo del nivel FA1, con aplicación prevista a partir de enero de 2027. Los empleados consideraron insuficiente esa propuesta y decidieron mantener la presión. La diferencia entre la oferta y la nivelación solicitada es el centro del conflicto. La información difundida durante la jornada no mostraba todavía un pacto definitivo para reabrir todos los módulos el martes 10.
Las estimaciones sobre el número de participantes y sedes afectadas deben leerse con cautela. Una cobertura habló de alrededor de 5 mil empleados involucrados; otra señaló la posibilidad de afectaciones en cientos de módulos. Esas cifras no equivalen a un censo definitivo de oficinas cerradas. En Coahuila, por ejemplo, se reportó que cinco de 21 sedes suspendieron servicio y otras 16 continuaron la atención, algunas bajo protesta. El detalle confirma que la convocatoria nacional no tuvo una aplicación uniforme.
Qué sigue para usuarios y personal
El instituto y los representantes de trabajadores deberán resolver si la negociación modifica la propuesta salarial o atiende las demás condiciones laborales solicitadas. Mientras tanto, el hecho verificable de este lunes es la interrupción parcial del servicio en múltiples entidades. Para quienes requerían una credencial, la consecuencia inmediata fue la imposibilidad de completar o recoger su trámite en los módulos cerrados; no se había anunciado una regla general sobre la reprogramación de todas las citas afectadas.
La protesta expuso la dependencia de un servicio público esencial de personal que atiende ventanillas, valida documentación y entrega credenciales. También mostró que la discusión no se limita a un porcentaje de aumento: incluye jornadas, herramientas de trabajo y organización de descansos. Hasta que exista un acuerdo o se conozca el balance final de la jornada, conviene distinguir entre los estados convocados, los módulos efectivamente cerrados y las sedes que sí siguieron operando.
Fuentes: Uno TV, La Crónica de Hoy, El Siglo de Torreón.
