Guadalajara vivió este domingo 18 de octubre una segunda gran movilización para exigir agua limpia y esclarecer las denuncias de violencia policial registradas una semana antes. La protesta reunió a unas 5 mil personas, de acuerdo con los organizadores, y logró avanzar hasta el centro histórico pese a que grupos de personas encapuchadas provocaron destrozos y enfrentamientos en distintos puntos del recorrido.
La concentración comenzó en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, con la intención de recorrer cerca de un kilómetro hasta el Palacio de Gobierno de Jalisco. A pocos minutos del inicio, los convocantes detuvieron la marcha al advertir la presencia de individuos con palos, bates, petardos y otros objetos. Algunos comercios fueron dañados y periodistas que cubrían la movilización denunciaron agresiones.
Los contingentes separaron a los grupos violentos
La reacción de los asistentes marcó una diferencia con la protesta anterior. Bajo la consigna “Queremos agua, no provocadores”, diversos contingentes apartaron a quienes cometían destrozos y mantuvieron el carácter ciudadano de la movilización. Una parte de la marcha permaneció concentrada en Parque Rojo, mientras grupos más numerosos reanudaron el trayecto hacia la Plaza de Armas.
Los encapuchados se dispersaron por calles del centro y continuaron dañando establecimientos y edificios públicos. Los muros, puertas y ventanas del Palacio de Gobierno resultaron afectados. El gobernador Pablo Lemus difundió imágenes de los incidentes y llamó a evitar la confrontación. Afirmó que las autoridades actuarían con responsabilidad y pidió que los grupos violentos se retiraran de la manifestación.
La demanda principal se relaciona con meses de suministro deficiente y reportes ciudadanos sobre mala calidad del agua. A esa inconformidad se sumó la exigencia de justicia por las detenciones del 11 de octubre, cuando una protesta anterior terminó con decenas de personas arrestadas y señalamientos de golpes, tortura y uso excesivo de la fuerza.
Organismos de derechos humanos siguieron la protesta
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco desplegó observadores durante la jornada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también informó que mantendría personal en Guadalajara para documentar las condiciones de la movilización y vigilar que no se repitieran los hechos denunciados una semana antes.
La presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado a la CNDH investigar a fondo la actuación de las fuerzas de seguridad y determinar quién dio la orden de reprimir. Las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales y de mando, así como verificar los testimonios de las personas detenidas. Hasta que concluyan esas diligencias, las acusaciones permanecen sujetas a comprobación institucional.
Morena en Jalisco se deslindó de la convocatoria y del uso de sus logotipos en mensajes que promueven la revocación de mandato del gobernador. La Universidad de Guadalajara, por su parte, negó relación con los manifestantes violentos que portaban camisetas de un equipo ligado a esa casa de estudios. Ambos posicionamientos reflejan la disputa política que comenzó a rodear una movilización surgida por la calidad del servicio de agua.
La demanda se extendió a otras ciudades
En Ciudad de México y Mérida también se realizaron expresiones de apoyo y protestas relacionadas con el acceso al agua. En la capital yucateca, el reclamo cobró fuerza tras la protesta de Josefina Ramos González, una mujer de 70 años que permaneció durante varios días frente al Palacio de Gobierno para pedir una reunión con el gobernador Joaquín Díaz Mena. La mujer denunció fugas y cobros excesivos en su domicilio desde hace más de dos años.
La marcha de Guadalajara concluyó con personas reunidas frente a las oficinas del Gobierno estatal y con daños materiales que deberán ser investigados por separado. La prioridad para las autoridades será identificar a quienes cometieron delitos sin criminalizar a los miles de asistentes que ejercieron su derecho a manifestarse.
El problema de fondo sigue abierto. Los ciudadanos piden información verificable sobre la calidad del agua, plazos para corregir el suministro y garantías de no repetición ante las denuncias de abuso policial. La jornada mostró que la inconformidad ya rebasa una falla de servicio: se convirtió en un reclamo por transparencia, rendición de cuentas y protección del derecho a la protesta.
Fuentes: Gobierno de Jalisco, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, EL PAÍS México.
