Agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvieron el jueves 15 de octubre al alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, junto con otras dos personas, por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un comerciante. Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la fiscalía especializada en secuestro y extorsión y serán revisadas por un juez de Control.
Los otros detenidos son Jorge “N”, identificado como sobrino del funcionario, y Karla Paola “N”, trabajadora de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía. Las tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público y posteriormente de la autoridad judicial. La imputación se encuentra en una etapa inicial; por tanto, conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
El primer cobro señalado ocurrió en enero
La investigación se originó a partir de hechos denunciados en un establecimiento de la colonia Puerto Maya. A principios de 2026, personal municipal habría indicado a la víctima que debía regularizar su actividad comercial y acudir con Karla Paola “N”. El 19 de enero, la funcionaria presuntamente le pidió llenar documentos y realizar un pago bajo la advertencia de retirar la mercancía e impedirle vender, aunque el formato solicitado era gratuito.
El expediente señala que el 6 de febrero varias personas llegaron al negocio en dos mototaxis. Entre ellas estaba Jorge “N”, quien supuestamente comunicó al comerciante que los vendedores debían “reportarse” por órdenes del alcalde. La amenaza habría incluido la posibilidad de privarlos de la libertad o golpearlos si no acudían ante la oficina municipal.
Pagos, protección prometida y exigencias semanales
El 11 de febrero, la víctima regresó con la funcionaria, completó otro trámite y entregó dinero. A cambio, habría recibido la promesa de que un documento le permitiría trabajar con protección mientras Gilberto Gómez permaneciera en el cargo. La indagatoria sostiene que la presión no terminó allí.
El 7 de mayo, Jorge “N” presuntamente volvió al establecimiento para exigir una cuota semanal adicional. Aunque el comerciante ya había pagado, el señalado habría amenazado con retirar a los vendedores del lugar y castigarlos físicamente. A partir de esa fecha comenzaron las entregas periódicas que forman parte de la carpeta presentada ante el juez.
La acusación debe probarse ante el tribunal
La captura de un funcionario electo no equivale a una condena. En la audiencia correspondiente, la fiscalía tendrá que exponer los datos de prueba que sustentaron las órdenes, mientras las defensas podrán controvertirlos y pedir las medidas que consideren pertinentes. El juez decidirá si existe base para vincular a proceso a cada persona y bajo qué condiciones continuará el procedimiento.
Puerto Aventuras se ubica aproximadamente a 22 kilómetros de Playa del Carmen y combina actividad turística, residencial y comercial. La posición del alcalde daba a Gómez Martínez capacidad de interlocución con vendedores y oficinas administrativas, circunstancia que la acusación considera relevante para explicar la presunta presión. El funcionario ganó el cargo en 2021 bajo las siglas del PRI y en 2024 se incorporó a Morena para competir por la reelección.
El caso vuelve a colocar la extorsión a pequeños comerciantes en el centro de la agenda de seguridad de Quintana Roo. Para las autoridades, el reto inmediato será proteger a la víctima y a posibles testigos, documentar cada cobro y separar las decisiones administrativas legítimas de las exigencias indebidas. Para el tribunal, la tarea será evaluar responsabilidades individuales sin adelantar culpabilidad por el cargo público ni por la exposición del caso.
Fuentes: Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, El Financiero, N+.
