Fuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. La captura fue anunciada el martes 6 de octubre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y quedó bajo competencia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Las instituciones de seguridad atribuyen al detenido actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla relacionadas con homicidio, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Esas imputaciones deberán ser acreditadas ante un juez; hasta que exista una sentencia, Cazarín conserva la presunción de inocencia.
Seguimiento de inteligencia y captura en Zapopan
El operativo fue resultado de trabajos de gabinete y campo para determinar la zona de movilidad del sospechoso. Participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.
La colaboración permitió ubicar a Cazarín en el municipio metropolitano de Zapopan. Durante la intervención fueron asegurados un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo. La información disponible no reportó disparos ni personas heridas durante la detención. Después de la captura, el hombre fue trasladado para que el Ministerio Público definiera los cargos y solicitara las medidas judiciales correspondientes.
García Harfuch agradeció la cooperación de los gobiernos de Jalisco y Veracruz. También se informó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos aportó intercambio de información. La participación extranjera fue descrita como apoyo informativo; la ejecución del operativo ocurrió a cargo de instituciones mexicanas.
Las acusaciones por huachicol y extorsión
Las investigaciones colocan a “El Tanque” en una estructura dedicada al robo y contrabando de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos. Reportes de autoridades estadounidenses y declaraciones de un colaborador convertido en testigo protegido lo mencionan junto con César Morfín Morfín, alias “El Primito”, como responsables de coordinar movimientos de combustible y cobros de extorsión.
El esquema bajo investigación habría utilizado compañías importadoras, transportistas y distribuidoras para introducir a Estados Unidos cargamentos de crudo sustraído en México. Un testimonio entregado a las autoridades estadounidenses describe la falsificación de documentos aduanales para presentar productos de petróleo crudo como mercancías permitidas y facilitar su paso por la frontera.
En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín por sus presuntos vínculos con el CJNG y lo ubicó dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Una sanción administrativa extranjera no sustituye el proceso penal en México, pero formó parte de la información intercambiada entre agencias.
Un antecedente ligado al ataque de 2015
Las autoridades también señalan a Cazarín por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército durante la Operación Jalisco, el 1 de mayo de 2015. Aquella jornada comenzó con un despliegue para capturar a Oseguera Cervantes y derivó en bloqueos coordinados en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán.
Un grupo armado derribó una aeronave militar con un lanzacohetes. Nueve integrantes de las fuerzas de seguridad murieron y otros resultaron heridos. Entre los sobrevivientes estuvo Iván Morales Corrales, quien sufrió quemaduras graves y fue asesinado una década después en Cuernavaca, tras haber declarado contra la organización criminal.
Cazarín ya había sido detenido en 2015 y recuperó la libertad al año siguiente. El nuevo expediente reactivó el interés sobre su trayectoria y sobre la expansión de redes de huachicol hacia el sureste del país. La captura ocurre en un contexto de cooperación binacional enfocada no solo en narcóticos, sino también en el flujo financiero y comercial del combustible robado.
La situación jurídica pasa a la Fiscalía
Después de la detención, la autoridad ministerial debe integrar los indicios asegurados, verificar órdenes judiciales vigentes y presentar el caso ante el órgano jurisdiccional. Corresponderá a un juez determinar si existen elementos para vincularlo a proceso y por cuáles delitos. Las declaraciones públicas de funcionarios no equivalen a una resolución judicial.
El operativo representa un golpe contra un presunto mando regional, pero el alcance real dependerá de la información obtenida y de la capacidad para desmontar las redes logísticas y financieras asociadas. Vehículos, empresas, rutas de combustible y posibles cómplices forman parte de una investigación que rebasa la captura individual.
La coordinación de distintas dependencias permitió ejecutar la detención sin un enfrentamiento reportado. Ahora comienza la etapa procesal, en la que la Fiscalía deberá convertir los reportes de inteligencia y los señalamientos acumulados durante años en pruebas admisibles ante la justicia mexicana.
Fuentes: El País México, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
