El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de 18 ciudadanos sudamericanos y de sus familiares bajo una nueva política dirigida contra personas a las que acusa de debilitar gobiernos elegidos democráticamente. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, impactó a funcionarios judiciales, políticos y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y provocó respuestas públicas en varios de esos países.
La mayor parte de los afectados es de Bolivia: 13 de las 18 personas incluidas en esta primera aplicación de la política están vinculadas principalmente con el sistema de justicia. El caso más visible es el del fiscal general Roger Mariaca, señalado por Washington de abusar de su cargo, aceptar sobornos y favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico. El funcionario rechazó las acusaciones y atribuyó la decisión a presiones políticas por investigaciones que dirige.
Bolivia concentra la mayoría de las sanciones migratorias
Mariaca, de 38 años, llegó a la Fiscalía General tras ser elegido por dos tercios de la Asamblea Legislativa. Antes fue abogado penalista, docente universitario y fiscal en Santa Cruz de la Sierra. En su respuesta, afirmó que continuará con sus responsabilidades y pidió que cualquier señalamiento sea acompañado por pruebas. El Gobierno boliviano solicitó información a Washington y anunció que revisará los elementos disponibles.
La lista boliviana también incluye al integrante del Tribunal Constitucional Ramiro Campero, al exministro de Justicia Iván Lima, al coronel de policía William Cabrera y a la jueza Ximena Flores. Los presidentes de las dos cámaras legislativas pidieron que Mariaca se aparte temporalmente mientras se esclarecen las imputaciones. El Departamento de Estado, sin embargo, no divulgó públicamente expedientes individuales completos para todos los sancionados.
Colombia, Ecuador y Perú también reciben el impacto
En Colombia fueron afectados el empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta, ambos identificados con sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro. La decisión ocurre después de una campaña política en la que el nuevo gobierno colombiano estrechó su relación con Washington. La revocación de visas, aunque es una facultad soberana de Estados Unidos, tiene consecuencias políticas porque coloca bajo sospecha a figuras activas de la oposición.
En Ecuador, la comunicación estadounidense aludió a dos personas sin revelar sus nombres. En Perú, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos y a integrantes de su familia. El magistrado ganó notoriedad por una resolución favorable a Cosco Shipping, operadora del puerto de Chancay, al establecer que el organismo regulador del transporte no tenía competencia para fiscalizar determinadas operaciones de la terminal privada.
El puerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024 y desarrollado con una inversión aproximada de 1,300 millones de dólares, se ha convertido en un punto de fricción entre Estados Unidos y China. Washington considera que la expansión de infraestructura estratégica controlada por compañías chinas plantea riesgos de seguridad y de manejo de datos, mientras que Pekín defiende los proyectos como inversión comercial.
Una herramienta migratoria con efectos diplomáticos
La nueva política estadounidense amplía el uso de las restricciones de visa como instrumento de presión. A diferencia de una acusación penal o una sanción financiera, la cancelación migratoria no exige que exista una sentencia judicial en el país de origen. Esa diferencia alimenta la controversia: los gobiernos afectados reclaman evidencias y garantías, mientras Washington sostiene que protege su territorio y respalda instituciones democráticas.
La decisión se conoció después de reuniones entre representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y la administración de Donald Trump en Nueva York. Esos países participan en el llamado Escudo de las Américas, una coalición promovida para reforzar la cooperación contra el crimen organizado. Las sanciones muestran que la alianza de seguridad puede convivir con tensiones severas sobre autoridades nacionales y decisiones judiciales.
Por ahora, la consecuencia inmediata es política. Bolivia abrió consultas, figuras colombianas cuestionaron el momento del anuncio y el caso peruano quedó conectado con la competencia geopolítica alrededor de Chancay. La revocación de visas no resuelve las acusaciones, pero instala un nuevo foco de conflicto entre Washington y varios gobiernos sudamericanos.
Fuentes: Departamento de Estado de Estados Unidos, El País.
