JUCHITÁN DE ZARAGOZA.— Fuerzas federales y estatales detuvieron al presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. En el mismo operativo fue capturado Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien tenía órdenes de aprehensión por los mismos ilícitos.
La operación se ejecutó el miércoles 23 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec. Participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Oaxaca. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y trasladados fuera del estado bajo custodia.
Una investigación sobre cobro de piso y redes de protección
El Gabinete de Seguridad informó que las órdenes se derivaron de trabajos de inteligencia sobre una estructura dedicada a extorsionar a comerciantes y empresarios. Las indagatorias también abarcan narcomenudeo, tráfico y extorsión de personas, homicidios y mecanismos de protección que habrían facilitado operaciones criminales en la región.
Las autoridades identifican a esa célula como “Los Cromos”, señalada como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo. La Fiscalía estatal sostiene que el grupo ha participado en cobro de piso, secuestros, portación de armas y otros delitos de alto impacto. Esos señalamientos deberán ser probados ante un juez; la detención y las imputaciones no equivalen por sí mismas a una sentencia.
De acuerdo con las líneas de investigación, Sánchez Altamirano habría ocupado una posición de confianza dentro de la red y brindado cobertura desde el gobierno municipal. La autoridad federal lo señala por facilitar información, protección política y condiciones para que integrantes del grupo operaran en Juchitán.
Bloqueo de cuentas y afectación financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación. La medida busca limitar la capacidad económica de la estructura mientras continúan las pesquisas sobre movimientos de dinero, vínculos empresariales y posibles beneficiarios.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que los operativos seguirán hasta desarticular por completo la red y detener a otros involucrados. La intervención forma parte del llamado Operativo Enjambre, la estrategia para investigar a servidores públicos acusados de brindar protección a organizaciones delictivas.
El traslado provoca bloqueos en el Istmo
Después de la captura se registraron bloqueos en accesos carreteros a Juchitán. Grupos de simpatizantes y policías municipales intentaron impedir el traslado del alcalde a un centro penitenciario federal. Las vías fueron liberadas posteriormente por fuerzas de seguridad, mientras el gobierno estatal anunció un despliegue para mantener la circulación y la gobernabilidad.
El gobernador Salomón Jara sostuvo que las corporaciones permanecerán en la zona y aseguró que no habrá excepciones en la aplicación de la ley. La administración estatal enfrenta el desafío adicional de garantizar la continuidad del gobierno municipal y evitar que la detención produzca un vacío operativo en servicios públicos y seguridad local.
Juchitán, bajo presión por la violencia
El municipio había sido incluido entre las zonas prioritarias de seguridad de Oaxaca. Durante 2026 se desplegaron patrullas, motopatrullas y cámaras dentro de planes para recuperar espacios públicos y reducir delitos. Sin embargo, comerciantes, transportistas y habitantes continuaron denunciando extorsiones y amenazas.
Uno de los episodios que aumentó la atención federal fue el ataque contra la vivienda de la diseñadora y artesana Elvis Guerra, quien denunció amenazas y exigencias de dinero. El caso llegó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gabinete de seguridad, que reforzó la coordinación con Oaxaca.
La captura de un alcalde en funciones convierte la investigación en una prueba institucional para los tres niveles de gobierno. El proceso deberá esclarecer el alcance de la presunta red, la participación de funcionarios y el destino de los recursos bloqueados. Mientras tanto, Sánchez Altamirano y el segundo detenido enfrentarán las audiencias correspondientes con derecho a defensa y presunción de inocencia.
Fuentes: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Oaxaca Informa.
