El Gobierno de México busca ampliar la participación privada en proyectos petroleros de Pemex mediante contratos mixtos, una estrategia orientada a sostener la producción de crudo y a mejorar la certidumbre para proveedores e inversionistas. El planteamiento fue expuesto esta semana por autoridades energéticas ante representantes del sector, según una crónica publicada por El País.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que ya operan 10 contratos mixtos con empresas privadas en distintos segmentos de la cadena productiva. La apuesta gubernamental es acelerar la capacidad de producción sin desprenderse del control estatal de los recursos, en un esquema donde Pemex conserva un papel central y los socios aportan capital, tecnología o ejecución especializada.
La discusión ocurre después de dos años de disminuciones en la extracción. Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de crudo se estabilizó en un promedio de 1.36 millones de barriles diarios, de acuerdo con los datos citados por el diario. La estabilidad no equivale a una recuperación consolidada, pero explica la urgencia de diseñar proyectos que puedan sostenerse en el tiempo.
Un elemento clave para cualquier asociación es la situación financiera de Pemex. González señaló que la deuda con proveedores se redujo en 830 mil millones de pesos, cerca de 80 por ciento, durante los últimos 18 meses. El pago oportuno y reglas claras son determinantes para que las compañías decidan participar, especialmente en una industria con ciclos largos de inversión y riesgos operativos elevados.
La deuda financiera de la empresa estatal alcanzaba 77 mil 500 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2015 según la misma fuente. Esa cifra muestra que el desafío no se limita a extraer más petróleo: también requiere ordenar compromisos financieros, fortalecer la capacidad de ejecución y atender los costos asociados al mantenimiento de instalaciones, transporte y refinación.
Los contratos mixtos no son una solución automática. Para atraer inversiones, el Gobierno debe definir las condiciones de rentabilidad, las responsabilidades técnicas, la distribución de riesgos y los mecanismos de supervisión. Las empresas, por su parte, suelen evaluar la estabilidad regulatoria, los plazos de pago y la capacidad de Pemex para cumplir los compromisos que asuma en cada proyecto.
La secretaria sostuvo que el objetivo es incrementar la producción con participación mixta y fortalecer la explotación de hidrocarburos. El anuncio da continuidad a una convocatoria iniciada en diciembre y busca recuperar la confianza de un sector que ha observado con cautela los cambios de política energética en México durante los últimos años.
La estrategia también tendrá efectos sobre proveedores nacionales, regiones petroleras y finanzas públicas. Un proyecto que avance puede traducirse en contrataciones de servicios, demanda de infraestructura y recaudación, pero su resultado dependerá de que los costos y beneficios estén definidos de manera transparente. La evaluación debe considerar tanto los volúmenes de producción como la calidad de los contratos.
Para Pemex, la colaboración con privados plantea el reto de aprovechar capacidades externas sin perder la conducción de los proyectos estratégicos. Para el Estado mexicano, supone equilibrar la necesidad de inversión con las metas de soberanía energética y disciplina fiscal. Esa tensión explica por qué el diseño contractual será tan relevante como los anuncios de nuevas asociaciones.
El siguiente paso será conocer qué campos o áreas se incorporan al esquema y bajo qué reglas. Con 10 contratos ya operando y una producción que busca dejar atrás la tendencia descendente, el plan de asociaciones se vuelve una de las piezas centrales de la política petrolera de 2026.
Fuente: El País México, 3 de septiembre de 2026.
