La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que excluye de cargos de elección popular a quienes el texto denomina “traidores a la patria” y extiende a siete años los periodos de diversas autoridades. La iniciativa aún requiere una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor.
La votación se realizó por unanimidad y a mano alzada en una sesión especial celebrada en León, informó EFE. La reforma modifica el artículo 47 de la Constitución y prohíbe ser candidato o ejercer cargos públicos a las personas incluidas en esa definición.
El texto abarca a quienes tengan vínculos con la planificación o ejecución de un intento de golpe de Estado, así como a quienes promuevan injerencia extranjera, intervención militar, financiamiento desde el exterior, bloqueos o sanciones contra Nicaragua.
La misma prohibición alcanza la integración de directivas de partidos u organizaciones políticas. El término ha sido aplicado por las autoridades nicaragüenses a al menos 452 opositores o críticos que fueron desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, de acuerdo con la agencia.
La reforma fue impulsada por el copresidente Daniel Ortega y deberá ser aprobada de nuevo durante la siguiente legislatura, programada entre enero y diciembre de 2027. Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 junto con Rosario Murillo, quien ejerce como copresidenta desde una reforma constitucional de 2025.
Además de las restricciones a candidaturas, la iniciativa fija periodos de siete años para copresidentes, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, fiscal general, superintendente de bancos y jefaturas del Ejército y la Policía.
Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026; según el reporte, los cambios constitucionales desplazarían esa cita a noviembre de 2027. La medida toma relevancia después de que Ortega afirmara en julio que en el país no volvería a haber elecciones.
El alcance final de la reforma dependerá de la segunda legislatura, pero la aprobación inicial adelanta una modificación de fondo al marco electoral y a las condiciones de participación política del país centroamericano.
Fuente: Agencia EFE.
