Sr. López
Cuando la Jefa de Administración y Disciplina del Campo de Adiestramiento en que fue domesticado este menda (‘mamá’ y ‘casa’, les decían otros niños), no quería dar un permiso, decía: -Lo que diga su padre -refiriéndose al Jefe de Proveeduría. Y allá iba uno a preguntar, sabiendo la respuesta: -Lo que diga su madre -no se tragaba el anzuelo. Y se quedaba uno dando vueltas y sin permiso. La vida es dura.
Algunos de los afectados llevaron el asunto de la reforma al Poder Judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que es el paso previo a someterlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH también).
Es fácil suponer que resuelvan que la reforma al Poder Judicial es una birria porque es una birria; nada más le transcribo el comentario de Carlos Bernal Pulido, comisionado de la CIDH: “Esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo, se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de México es de libro”. ¡Zaz!
¿Y?… y nada, el gobierno mexicano (actual), se abanica con resoluciones de tribunales de México y con menos esfuerzo, con las que lleguen de fuera. La Comisión y la Corte interamericanas no pueden hacer nada, no hay manera de que obliguen a un país a que se comporte con decencia. Así que no se vaya usted a entusiasmar, el segundo piso del gobierno cuatrotero, se limpia el extremo inferior de su sistema digestivo (la mera salidita), con lo que resuelvan las CIDH.
Habrá quien no sepa que México está obligado a acatar las resoluciones emitidas por estos dos órganos internacionales. Sí, está obligado, voluntariamente obligado: el 8 de diciembre de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento de México de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; eso a resultas de la aprobación en 1969, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigor en 1978 y que ratificó nuestro país en septiembre de 1997. Son tratados internacionales, firmados y ratificados legítimamente por el gobierno de México. No son bromas.
No son bromas porque la Constitución, la nuestra, declara que la Ley Suprema de México se integra por la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales, como reza el artículo 133. Ahora falta, se les ha pasado con tanta prisa, reformar este artículo y sacar los tratados. Ya embarrados, qué tanto es tantito más.
El precio de no acatar esas seguras resoluciones, será que el país, nuestro país, quede ante el mundo como un país mamarracho que no respeta su Constitución ni los tratados internacionales a que se obligó por su libre voluntad, pero eso viene siendo la última preocupación de quienes con descaro han conseguido reformas constitucionales comprando-extorsionando senadores.
Si no les da pudor poner al Noroñas de presidente del Senado o ratificar a la prófuga del ácido fólico, la tal Rosario Piedra, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no es cosa de suponer que van a tener un arranque de amor al país y que -antes que manchar el prestigio de México-, se sometan a lo que resuelvan ambas CIDH. No lo harán.
Que este gobierno no aceptará lo que resuelvan las dos CIDH, ya ayer lo anticipó la Presidenta, cuando criticó la prontitud con que la Comisión Interamericana atiende el asunto y agregó, premonitoramente: “México es un país libre, soberano e independiente y el pueblo de México decide, de acuerdo a la Constitución, cuáles son las reformas constitucionales”.
Y tiene razón, somos libres, soberanos, independientes, pero eso de que en las reformas constitucionales, “el pueblo de México decide”, es estirar mucho la liga. No señora, son unos cuantos desvergonzados los que decidieron deformar el Poder Judicial y si usted, señora Presidenta, piensa que todo lo que resuelven nuestros legisladores es correcto, se le recuerda que en el siglo XIX fueron legisladores mexicanos los que aprobaron la venta de más de la mitad del territorio; y que en el XX, fueron legisladores los que aplaudieron la nacionalización de la banca y luego volvieron a aplaudir su privatización. Lograr mayoría de votos en el Congreso no exime de responsabilidades no purifica aberraciones ni asegura un sitio digno en la historia. No.
Como los asuntos en las CIDH (la Comisión y la Corte), tardan mucho en resolverse y en este caso los que saben estiman que pueden ser unos siete o diez años el plazo para llegar a una resolución final, resulta interesante recapacitar en que para ese entonces doña Sheinbaum no estará en el poder ni ninguno de sus paniaguados, que es su apuesta, que no les toque y que el que venga atrás, que arree, y aunque por un prodigio del Creador los que en esos años integren la Suprema Corte del Bienestar, aceptaran la resolución de la Corte Interamericana, igual no quedará títere con cabeza del actual Poder Judicial, lo que era y es el principal objetivo de esta esperpéntica reforma. Pase lo que pase se salieron con la suya. Juegan chueco… su mero mole.
Falta una aduana, saltar un obstáculo: Donald Trump que debe estar muy contento de que nuestro gobierno le regale asuntos para que nos apriete las tuercas, por lo pronto en la revisión-renegociación del T-MEC. A ver qué se le ocurre al noroñas yanqui, el tal Trump, que para hacer guarrerías se pinta solo y más cuando despacha asuntos en los que con una pequeña porción de neuronas en funcionamiento se entiende de qué lado está la razón, el sentido común.
Claro que para eso también tiene solución el gobierno actual: ceder, ceder en todo con la única condición, amable petición, de que haya discreción. Lo harán, a las calladas, canturreando el viejo tango Cambalache: “es lo mismo ser derecho que traidor/ vivimos revolcaos en un merengue/ y en el mismo lodo, todos manoseaos”.
Total, ni se nota más lodo en el lodazal.
