Sr. López
Tío Toño, de los de Autlán, era un hombretón del que se contaba que una vez mató una res de un puñetazo en la testuz. En su casa, era un déspota mandón que no toleraba nada. Tía Mariquita su esposa le dio siete hijos varones. Los niños crecían y el tío mandaba, pero los niños se hicieron adultos y todos de la talla de su padre. Un día el mayor dijo a su mamá delante de su papá y sus hermanos: -Ya no lo obedezcas –puso los brazos en jarras y miró fijo a su papá; los otros seis lo miraron también. El tío se mordió los bigotes; decían que jamás volvió a hablar. Decían.
El viernes pasado, la Presidenta de México declaró en su matiné de prensa, que ninguna jueza está por encima del pueblo de México. Suena a arenga heroica con tufo de gesta. La Presidenta nos está defendiendo… ¡todos a ella!
Se refería a la jueza del distrito de Coatzacoalcos, Nancy Juárez, quien, lejos de querer colocar a la patria en decúbito supino para proceder a cabalgársela (o sea, ya sabe qué, al pueblo), lo que hizo fue ordenar que se retire del Diario Oficial de la Federación, el decreto del 15 de septiembre pasado, de la reforma al Poder Judicial, porque se incurrió en desacato a la suspensión provisional de publicarla del 13 del mismo septiembre, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima. Nada más. No quiere treparse a lomos del pueblo de México con aviesas intenciones.
Por cierto, sobre esa suspensión del 13 de septiembre, los tres jueces del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, manifestaron que con ella: “(…) se protegen los principios constitucionales de progresividad, retroactividad, acceso a la justicia, autonomía e independencia judicial, así como el de división de poderes y república federal”. Ha de ser, uno ni entiende. Pero algo han de saber de derecho.
Lo que da grima es que la Presidenta haya dicho muy oronda y en plural mayestático, que no va a obedecer a la Jueza: “No vamos a bajar la publicación”. Bueno. Ya sucedió.
Sus subalternos, como en las corridas de toros, entraron al quite; doña Godoy, su Consejera Jurídica y don Zaldívar, su coordinador General de Política y Gobierno, presentaron en esa matiné, argumentos jurídicos con los que se puede concluir que, una de dos, o la jueza Juárez sufre de retardo mental profundo o sabe menos de derecho que el juez de ‘La tremenda corte’. Muy su modo.
El asunto adquiere un cariz poco más seriecito cuando se viene uno a enterar que al INE le han trabado otras 140 suspensiones temporales al procedimiento de elección de jueces y magistrados, emitidas por otros no pocos jueces todos prófugos del ácido fólico o recién inscritos en la escuela de derecho Bienestar, según los subalternos de la Presidenta.
Y en el INE sí acataron, sí suspendieron sus trabajos, porque es cosa muy seria dar un uso innoble a los papeles de los jueces. Dice la Ley de Amparo, artículo 262, fracción III, que le tocan de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de los mismo años al servidor público que se haga guaje (lo dice bonito: “No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado…”).
Este junta palabras no tiene la más remota idea de quién tiene la razón, si los jueces, que son el Poder Judicial o la Presidenta y sus porristas. Unos expertos dicen que los jueces, otros, que la Presidenta y acaba uno por enredarse. Pero en lo que todo el mundo y sus alrededores, está de acuerdo es en que así no se hace.
No es por las naguas de nadie. No. Cuando la autoridad no está de acuerdo con una resolución judicial, va con otro juez (parece que en este caso a tres, de un tribunal colegiado), para que le den o no la razón. Nomás tirar a la basura una orden judicial, es desacatar, desobedecer y es delito penal… pero la Presidenta sabe que no le van a aplicar la ley (¿se imagina usted a un ministerio público investigándola y denunciándola?).
Así las cosas, lo que sucedió el viernes es que la Presidenta de la república oficialmente rompió el estado de derecho en México. Las autoridades no obedecen a los jueces. Punto.
Hay por supuesto quien dice que no pasa nada. Bueno, pues sí pasa. Sin estado de derecho se esfuma la gobernanza, entendida como el sometimiento de todos, gobierno incluido, a las leyes, principio básico del buen gobierno que articula a la sociedad con sus autoridades.
El Banco de México, en la encuesta que publicó el 1 de julio de este año, sobre las expectativas del sector privado, informó que entre los obstáculos al crecimiento económico del país, están la inseguridad, la impunidad, la corrupción y la gobernanza, la falta de estado de derecho, la degradación del servicio público.
No es difícil de entender, cuando la ley depende de lo que salga del forro de la voluntad de los altos funcionarios, el empresariado, los inversionistas, buscan mejores horizontes. Qué tanto batallar con nuestro gobierno si nomás cruzando el río, está Texas.
La relación directa entre crecimiento, progreso y estado de derecho, es cosa muy estudiada. Por su cuenta léase ‘Estructura y cambio en la historia económica’, de Douglass North, en el que plantea que las instituciones de gobierno son más relevantes que la tecnología para explicar el desarrollo económico; que el estado de derecho estructura las interacciones políticas, económicas y sociales, sin incertidumbre, incertidumbre que puede derivar en caos.
También está un estudio citado por el Banco de México, del hindú Ahmed Siddiqui y el pakistano Qazi Masood Ahmed, dedicado a “El efecto de las instituciones sobre el crecimiento económico”, en el que afirman que las instituciones de gobierno ajustadas a las leyes, reducen el riesgo de hacer negocios, fomentan la innovación y contribuyen al crecimiento económico. Ya explicadito parece muy simple.
Doña Sheinbaum inició su gobierno de la peor manera, rompiendo el estado de derecho, sabiéndose impune. Ya después sabrá que embarrancó su gobierno y al país. Lo del viernes será recordado como “el error de octubre”.
