El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el amparo al general en situación de retiro Rafael Hernández Nieto, en contra de la prisión preventiva ordenada por un Juez Federal, al ser imputado en el delito de delincuencia organizada en el Caso Ayotzinapa, a partir de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
A partir de esta resolución, el ex comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, podrá seguir con su proceso en libertad, de acuerdo a lo ordenado por Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México.
Al concederle el amparo, se ordenó al general en retiro Hernández Nieto que debería acudir cada 15 días a la Unidad de revisión de Medidas Cautelares, además de entregar su pasaporte y visa vigentes.
Otra de las medidas cautelares fue la entrega en garantía de 50 mil pesos; además de que se le prohibió salir del estado de Puebla sin reportarlo a la autoridad judicial y no debe acercarse a los testigos y víctimas del caso.
Estas medidas fueron impugnadas por la FGR, luego de que sus investigaciones, a partir de intervenciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), establecieron que Hernández Nieto tuvo reuniones con integrantes del grupo Guerreros Unidos, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Ministerio Público Federal (MPF) consideró que el quejoso no garantiza su presencia durante el proceso y que, incluso, existen pruebas para justificar la imposición de la prisión preventiva, al no estar acreditado el arraigo domiciliario, la residencia habitual ni el asiento familiar, lo cual implica un alto riesgo de fuga y de permanecer oculto.
En votación de mayoría, el Tribunal Colegiado calificó de inatendibles los argumentos del MPF y ordenó dejar insubsistente la resolución del 8 de julio de 2023, cuando se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del general Hernández Nieto.
Los representantes de la FGR no justificaron la necesidad de la de mantener en prisión preventiva en contra del quejoso, por lo que se ordenó su modificación.
Por: Excélsior
