Sr. López
Contaba la abuela Elena que allá a principios del siglo pasado, en Autlán, una prima suya, Lucrecia, se puso necia en casarse con un garrudo y muy apuesto doncel, cuyo único defecto era ser de los López Michelena, enemigos a muerte por generaciones de la familia de ella, los Michelena López. Muchos sepelios inesperados había entre ambas familias. Ella neceó semanas hasta que su papá le dijo: -Está bien, está bien… que venga el muchacho con su papá y lo hablamos –Lucrecia casi se desmaya de alegría. Pero el gozo se fue al pozo, pues en la reunión, su señor padre solo dijo al papá del proyecto de yerno: -Están necios estos dos… si le parece, ponga fecha y lugar y nos vemos para matarnos todos y ya luego que se casen –no hubo boda.
En unas elecciones normales, la gente elije a los candidatos de su preferencia, de los partidos que sean. Va uno a la casilla, le dan unas boletas electorales, vota y ¡listo!, de lo demás se encargan otros ciudadanos como uno. Eso es lo normal. Pero hay elecciones anormales. No son lo mismo unos comicios celebrados al fin de una guerra civil, que otros al fin de un sistema hegemónico (año 2000, no se olvida), o los que cambiarán el proyecto del país.
No es lo mismo votar en México en 2018 que en 2024. En 2018 no estaba en juego el proyecto de país, la Constitución.
La Constitución es la ley fundamental con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de derechos y libertades de todos y limita los poderes e instituciones del gobierno, que no pueden hacer nada para lo que no estén autorizados en la Constitución. Nada.
En 2018 la gente eligió Presidente de la república y Congreso, diputados y senadores. Decidió que Andrés Manuel López Obrador fuera titular del Poder Ejecutivo y que sus legisladores, sumando los de sus partidos aliados, NO tuvieran ni un solo día del sexenio, los dos tercios de curules necesarias para cambiar la Constitución. Obtuvieron mayoría simple (la mitad más uno), para cambiar leyes, sí, pero esas leyes deben sujetarse a lo dispuesto en la Constitución. Por eso la Suprema Corte declaró inválidas algunas que aprobaron con su mayoría simple: no respetaban la Constitución.
En las próximas elecciones del 2 de junio, no solo vamos a elegir a quien será Presidenta y a nuestros legisladores federales (junto con otros miles y miles de cargos en el país), no. Y no es secreto: el actual Presidente, su candidata suya de él a sucederlo (doña Sheinbaum), y los gerifaltes de Morena & Asociados, han proclamado que van a cambiar la Constitución.
No es cosa menor, ya están en el Congreso 18 iniciativas, esperando obtener en los próximos comicios, la mayoría calificada (los dos tercios de votos de diputados federales y senadores, más al menos mayoría simple en 17 congresos locales), para acomodar la Constitución según su real gana.
Entre esas iniciativas hay unas que van de relleno, de ensalada, y otras que son como para no dormir. Una, desaparece al INE, al Instituto Nacional Electoral, para instalar otro que dependa del propio Poder Ejecutivo federal -de la Secretaría de Gobernación-, con los integrantes del Consejo Electoral del INE elegidos por voto universal del electorado (¿y quién va a poner los candidatos al Consejo?… ¡ah!, los Poderes de la Unión, o sea, el gobierno; ¡maldita la hora!, eso es regresar a 1990, cuando el Instituto Federal Electoral lo presidía el Secretario de Gobernación y ganaba las elecciones el que el gobierno quisiera, Bartlett no se olvida).
Otra, desaparece a los órganos autónomos que hoy son un real contrapeso al poder, entre otros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pasando sus facultades y atribuciones, a dependencias del Poder Ejecutivo (de la presidencia); o sea, se acaba el acceso a información que oculta el gobierno y se elimina la evaluación de los actos de gobierno. Bonita cosa.
Y la más grave: desaparecen al Poder Judicial. Como lo oye (lo lee, perdón). La iniciativa propone que se vayan a la calle los jueces, magistrados (incluidos los del Tribunal Electoral), ministros de la Suprema Corte, junto con los integrantes de los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación, para ser sustituidos por otros, elegidos por voto universal del electorado. Todo a la basura y que Morena & Cía., elijan candidatos al Poder Judicial que hagan campaña en el país (financiados por ya se imagina cuál partido), y que nos quedemos sin un Poder de la federación que ya nunca jamás emitirá resoluciones contrarias al interés de quien esté aplastado (a) en La Silla.
Y no se le olvide que ya están aprobando una nueva ley de amparo que nos deja en el desamparo a todos, porque quita a la Suprema Corte la facultad de anular para todos, leyes que contravengan a la Constitución, valiendo su resolución solo al que solicitó el amparo. O sea, usted y su texto servidor, a cumplir leyes inconstitucionales, y el que tuvo dinero para pagar abogados que pleitearan ante la Corte, ese no, ese sí tiene el amparo de la Constitución, que así deja de ser para todos. ¡Bonita cosa!
Y aquí es cuando deberíamos hacer valer que esta próxima elección no es otra elección. No. Nos jugamos el país, literalmente. En estos comicios, impedimos que se regrese a la presidencia imperial del priismo hegemónico, o permitimos de nuevo la dictadura de partido. Nada menos.
En unas elecciones normales, lo recomendable es cruzar el voto: se elige Presidente de la república de un partido y a ese partido no se le da el Congreso; desde que tenemos reales comicios, siempre hemos hecho así. Esta vez, no… a ver si me entiende: ¡NO!
Los que apoyan al partido en el poder, van a votar parejo, así se les está instruyendo. Y los que se oponen, más nos vale que entiendan que si votan por la candidata presidencial de la oposición, hay que darle también el Congreso. Sí. Perder el Congreso es perder el país.
