Sr. López
Como ya debe usted sospechar, en la sección femenina de la familia materno-toluqueña de este menda, todas las solteras en “edad de merecer” (¿merecer qué?, siempre se preguntó su texto servidor cuando niño), se cuidaban más que un judío vecino de Hitler en Berlín, porque ‘dar de qué hablar’ era peor que un ataque de tos con diarrea.
Así las cosas, estando la prima Alicia embarazada de bebé indocumentado (sin acta de matrimonio), su mamá le dijo: -A lo hecho, pecho, nada más ni se te ocurra negarlo, no hagas el ridículo –tenía razón.
La insistencia del Presidente en desaparecer el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), es un esfuerzo inútil por contener el torrente de información sobre acciones de su gobierno y dado el ya breve tiempo que resta a su gobierno, es hacer el ridículo.
La Constitución en su artículo 6, capítulo A, fracción I, establece que toda información respecto del ejercicio de recursos públicos o actos de autoridad, es pública y aunque puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, prevalece el principio de máxima publicidad.
A mayor abundamiento, en la fracción III, ordena que toda persona tenga acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. Punto.
Para eso, la Constitución (en la fracción VIII del artículo citado), dispone la existencia del INAI, garante autónomo, responsable de que se cumpla el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, con competencia ante cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de alguno de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal; y cuando algo esté en juicio, tres ministros de la Suprema Corte resuelven si se suelta o no la sopa.
Propone el Presidente que la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asuman las funciones del INAI. Error. Error o engaño.
La Fiscalía Anticorrupción es parte del Sistema Nacional Anticorrupción en el que se coordinan autoridades de todos los órdenes de gobierno (y el INAI), por lo que si se solicitara información de alguna de ellas, sería juez y parte, sin mencionar que para hacer semejante cosa necesitarían reformar 15 artículos Constitucionales (6, 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122). No se le va a conceder esto al Presidente.
Y lo de mandar las funciones del INAI a la ASF, menos. La ASF es un órgano técnico de la Cámara de Diputados dedicado a la fiscalización superior del ejercicio del erario de los tres poderes y de cualquiera que ejerza recursos federales.
Está bajo las órdenes de una Comisión de Vigilancia integrada por diputados. De esta manera, también sería juez y parte cuando se solicitara información sobre el Congreso. Faltaba más.
Y también se necesitaría reformar la Constitución; tampoco se le va a conceder. ¿Cómo por qué?
Pero, suponiendo que sucediera el milagro del absurdo, imaginemos que el Congreso concediera al Presidente estos deseos nomás para que no le vaya a dar un váguido.
Muy bien.
¿Qué piensa hacer a partir del 1 de octubre de 2024?, cuando en La Silla esté otra persona con la banda terciada al pecho.
¿Supone que el siguiente gobierno federal se va a dedicar a desprestigiarse defendiendo la opacidad de esta administración?… no damas y caballeros, no ha nacido quien llegue a la presidencia de la república de este país y esté dispuesto a desperdiciar un gramo de autoridad ni un minuto de su sexenio, en resolverle los problemas a los que se fueron. Y no es deslealtad, lo desleal es dejar bombas de tiempo al sucesor.
Querer eliminar el INAI es asunto muy serio y ante las reformas constitucionales necesarias para ello, es prácticamente imposible pero aunque lograran la aviesa intención, habría una avalancha de recursos ante la Suprema Corte para hacer valer el derecho que consigna la Constitución en el párrafo segundo del artículo 6 ya dicho. No se escapan.
Por ahora, puede ser que sí retrasen y solo retrasen el flujo de información, pero más pronto que tarde, el dique de argucias se va a reventar y se va a saber mucho, porque nunca se sabe todo, pero sí lo suficiente.
Este gobierno sin darse cuenta se ha erigido en el rey de la opacidad, de la falta de transparencia, de la sospechosa maña para esconder información. Y es un afán inmensamente inútil que los pondrá en ridículo; igual que no se oculta por mucho tiempo un embarazo, no se ocultará más allá del periodo de gobierno el monstruoso parto de los adefesios del sexenio.
Insistió el viernes pasado el Presidente en su alegato de que “(…) están defendiendo a uno de estos organismos buenos para nada, que se crearon solo para simular que se combatía la corrupción para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio (…)”, dijo.
No, el INAI no se dedica a combatir la corrupción, sí a permitir que se sepa la verdad y eso es lo que se desea impedir. Sin embargo, con y sin INAI este gobierno tiene asuntos pendientes por aclarar tan graves que no será posible escamotearlos a la justicia.
Estamos hablando de tres mil niños muertos por falta de medicamentos; de más de 700 mil muertes en exceso por el Covid-19; de más de 152 mil homicidios dolosos por la estrategia de abrazos no balazos (con Fox, 44 mil; con Calderón, 78 mil; con Peña, 100 mil; en sus sexenios completos); y de la reducción de 2019 a 2021, de cuatro años de la esperanza de vida de los mexicanos, como nunca en cien años.
Y los robos al erario son como jamás se habían visto sin mencionar dispendios como los más de 300 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
No se puede ocultar tanto esperpento, intentarlo es ejercer el derecho al ridículo.
