La Comisión de Justica del Senado de la República, la cual preside la senadora Olga Sánchez Cordero, aprobó el dictamen sobre la denominada “Ley Ingrid”, que busca castigar a quien difunda imágenes de víctimas de agresiones, particularmente de mujeres, quienes podrán enfrentar de seis hasta 10 años de prisión.
Plantea que se castigue a la persona servidora pública que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencia, objetos, e instrumentos relacionados con cadáveres de niñas, niños, adolescentes o mujeres que obren en una carpeta de investigación.
A quien resulte culpable de este ilícito, sugiere el proyecto, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
Esta propuesta fue nombrada así en memoria de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio. asesinada brutalmente el 9 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero, por quien fuera su pareja, identificado como Francisco “N”.
El feminicidio salió a la luz luego de que dos agentes de la Fiscalía que acudieron al levantamiento del cadáver capturaron y difundieron imágenes de cómo el feminicida descuartizó y desolló a la joven al interior de su propio departamento.
Las imágenes fueron difundidas en redes sociales, medios de comunicación impresos y digitales, con lo que se revictimizó a Ingrid.
Las y los integrantes de la comisión coincidieron en que es necesario reforzar la redacción del dictamen por lo que acordaron la votación en positivo del mismo con la condición de que se refuerce el documento cuando suba al Pleno.
En ese sentido, la senadora Sánchez Cordero se comprometió a circular la propuesta de redacción antes de su votación por la Asamblea.
El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 225 bis al Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra la administración de justicia, fue aprobado en unanimidad por las y los senadores.
Asimismo, se aprobó un proyecto que busca aumentar hasta en una mitad más las penas ya establecidas para los delitos de lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones, cuando la víctima se encuentre embarazada al momento de la comisión del delito.
La propuesta busca prevenir y, en su caso, establecer los tipos penales que permitan castigar con la debida severidad, aquellas conductas que se traduzcan en violencia durante la etapa del embarazo sean estas de carácter físico, sexual o psicológica/emocional, con el fin de evitar graves afectaciones durante el embarazo y que ello pueda incidir o limitar el desarrollo del feto o bebé.
