A pesar del reconocimiento y la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en México, aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas y tampoco se cuenta con una ley en la materia, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, apunta que, tan solo de enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia, que obligaron a más de 75 mil personas a desplazarse internamente.
Durante este periodo, siete entidades concentraron el 91% de los casos: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
Asimismo, la investigación refiere que, hasta el momento, solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.
Por otro lado, destaca que apenas el pasado mes de septiembre, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.
Además, coincidió en que es necesario crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención.
El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y actualmente se encuentra pendiente en el Senado de la República.
