El Ministerio Público de la Federación volverá a solicitar la orden de aprehensión contra diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por delitos patrimoniales en contra del erario público.
A través de una ficha informativa, la Fiscalía General de la República (FGR) destacó que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho.
En el documento, la dependencia Federal señala que intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.
En el argumento que da la FGR a la opinión pública, destaca que ante la negativa de un juez de Distrito a la solicitud de orden de aprehensión y después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud, cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso.
La ficha agrega que el juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.
Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.
Por: Excélsior
