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A un año de que el Congreso de la Unión aprobara la Ley de Amnistía para liberar de la cárcel a personas de grupos vulnerables acusadas por los delitos de aborto, contra la salud, sedición y robo, bajo ciertos criterios específicos, solo ha procedido la liberación de cinco personas, señala una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La nota titulada Avances en el proceso de implementación de la Ley de Amnistía a un año de su entrada en vigor, elaborada por la investigadora Susana Ramírez Hernández, señala que, según los datos aportados de la Comisión de Amnistía, el órgano encargado de recibir las solicitudes, al corte del 22 de enero del 2021, se contaba con 1,115 casos para dictaminar, de los cuales 942 eran hombres (84%) y 173 son mujeres (16%). De esos casos, 67 son personas indígenas, 56 hombres y 11 mujeres.
El documento del Instituto refiere que en solo cinco entidades se ha aprobado una ley de amnistía estatal armonizada con la Ley de Amnistía de carácter federal: Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala y Durango.
Por otro lado, afirma que se requiere de otras acciones institucionales integrales y complementarias que ayuden a garantizar la no repetición de hechos similares y poder cumplir con el objetivo real del mecanismo. Por ejemplo, es necesario avanzar en la despenalización del aborto para evitar que se siga encarcelando a las mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.
La investigación concluye que la intervención del Senado de la República resulta fundamental en el seguimiento de todos los procesos que giran en torno a las amnistías, con el fin de garantizar que sea un mecanismo de justicia eficiente, efectivo, rápido y de fácil acceso.
