SR. LÓPEZ
Cuando sucede una tragedia que involucra solo a particulares, la autoridad dedica sus esfuerzos a determinar responsabilidades, pronto o tarde, bien o mal, con o sin corruptelas, pero atienden el asunto con la intención de presentar ante la justicia a los responsables. Cuando salpica a personas destacadas de la política, la autoridad se dedica a eso y simultáneamente a diluir cualquier posibilidad de que resulten afectados con la excepción de que reciban instrucciones de más arriba de hundir a los políticos probablemente responsables. Sí pasa y a veces, cometiendo enormes injusticias.
A contrapelo de las ansias de carne fresca del respetable, respecto del terrible accidente en la Línea 12 del Metro de la CdMx, no queda sino aceptar que ni la Jefa de Gobierno actual, Claudia Sheinbaum, ni el simpatiquísimo Marcelo Ebrard o su sucesor, el metrosexual Miguel Ángel Mancera, que la precedieron en el cargo, son responsables directos de tamaña barbaridad. Usted disculpe.
Ni suponiendo que al realizarse esa obra don Ebrard hubiera recibido obesos sobornos, la falla estructural de uno de sus elementos sería de su responsabilidad. Ni suponiendo que el Mancera hubiera sido su cómplice, se le puede atribuir la fractura de parte de la estructura. Ni siquiera creyendo que doña Sheinbaum les sirvió de tapadera, resultaría responsable de la caída del puente, los vagones, las muertes y las lesiones ocurridas.
Quien diseñó y construyó esa obra está en problemas de pronóstico reservado, eso sí y también los servidores públicos directamente involucrados. Pero no se entusiasme, no habrá piras en el Zócalo con los exjefes o la actual Jefa de Gobierno de la capital del país:
Los servidores públicos, dice la Constitución en su Título Cuarto, pueden incurrir en responsabilidad política, civil, penal y administrativa. En este accidente injustificable, para resolver sobre las responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan resultar, primero se debe determinar cuáles servidores públicos tuvieron responsabilidades directas en el diseño, ejecución y supervisión de las obras; y ya ejecutadas, quiénes la tienen por su correcto funcionamiento, vigilancia y mantenimiento, para determinar su directa responsabilidad; junto con ellos sus jefes directos que resultarían corresponsables y luego tal vez, puede haber responsables solidarios. En este caso habrá quienes acaben en la cárcel. Triste consuelo. Y respecto de las responsabilidades políticas, definidas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, muy difícilmente se les puede encontrar culpables de nada.
No se puede ocultar la evidencia de que esa parte de la estructura de la Línea 12 del Metro estaba en riesgo inminente de fallar. Hay fotografías y avisos de los usuarios publicados en redes. Tampoco se puede ocultar la indolencia de los constructores y de las autoridades responsables. Pero sobre las consecuencias políticas, el gobierno sabe que la indignación y el escándalo son de corta duración. Así somos. No hay escándalo que no se apague y con el tiempo -días- pase a páginas interiores de la prensa hasta quedar en el olvido.
Es ingenuo suponer que el proyecto político personal del insufrible Ebrard -llegar a la presidencia de la república-, se aborta por este incidente. El que lo puede descarrilar es el Presidente, solo él y no necesita causas graves, puede ser porque no le gusten sus corbatas. Ya sabe cómo es. No se anda con chiquitas a la hora de imponer su criterio personalísimo.
Un ejemplo de la contumacia presidencial, es el trepidante caso del pretendido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
La Cámara de Diputados federal declaró procedente el desafuero por la acusación de defraudación fiscal equiparada (dicen que no pagó los impuestos correspondientes a la venta de un departamento, impuestos que el acreditó sobradamente haber pagado). Los diputados federales de la Porra 4T, creen que con eso basta y que la gente de Tamaulipas y el Congreso de Tamaulipas, no tienen sino que apechugar y hacer la ola si no quieren que el Presidente se enoje con ellos.
El asunto lo trabó el Congreso local, rechazando la supuesta procedencia determinada por los diputados federales y mandando el asunto a la Suprema Corte. A ver qué deciden los Ministros. Con lo de la prolongación del mandato de su Ministro Presidente y con esto, vamos a saber si ha regresado el viejo régimen de un solo Poder.
La Constitución señala muy claro en el párrafo segundo del artículo 110 que en el caso de los gobernadores de los estados, la resolución de procedencia del desafuero de la Cámara de Diputados federal ( ) será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. Y para los necios, se añade en el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Responsabilidades: Por lo que toca a gobernadores ( ) a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo. En su caso, o sea, si no, no.
Es decisión del congreso tamaulipeco. Si don Scherer, titular de la Consejería Jurídica de presidencia, se tomara la molestia de revisar el dictamen de diciembre de 1982 de la reforma constitucional sobre esto, emitido por la Cámara de Senadores, se encontraría que establecieron que la procedencia del desafuero que emite la Cámara de Diputados, es únicamente declarativa, por respeto al pacto federal, léase, la soberanía de los estados.
Bueno, con y sin elecciones del 6 de junio próximo, todo estará en orden en este país, si los funcionarios de los poderes cumplen su deber y -disculpe el machismo-, si se fajan los pantalones.
