SR. LÓPEZ
Contaba la abuela Elena que un tío suyo, Lencho, tipo hecho a marro, sin estudios pero con la cabeza muy clara, fue en sus tiempos el ranchero más próspero de Autlán y alrededores. La hija menor del tío, Luisa, a los 16 de edad conoció en Guadalajara a un viudo 30 años mayor, que algo ha de haber tenido pues la juncal doncella se perdió de amor por él. El tío no abrió el pico ni se opuso a la desigual boda. Por ahí del año después del enlace, el marido de Luisa fue a hablar con el tío, para decirle en nombre de su esposa, que necesitaba saber cuántas cabezas de ganado tenía y revisar las escrituras de sus tierras, para asegurar el ingreso a que tenía derecho su esposa y la parte de la herencia que le correspondía. El tío Lencho muy sosiego, según la abuela, contestó que como él veía las cosas, su hija a lo que tenía derecho era a acostarse con su marido y a que su marido la mantuviera, nada más; y que hablando de la herencia, le informaba que Luisa ya no estaba en su testamento. Menos de tres años después fue la segunda boda de Luisa. Tampoco abrió el pico tío Lencho.
La historia muestra que hay varias maneras de hacerse con el poder político: las elecciones, los golpes de Estado, la herencia en el caso de los reyes y varias otras; y que hay varios modos de gobernar: democracias, dictaduras, monarquías y otras más.
De algunas décadas para acá, los golpes de Estado son mal vistos y los dictadores también; sin embargo, disfrazadas de régimen democrático, hay autocracias, gobiernos en los que todo está sujeto a la voluntad de una persona.
En esos casos el autócrata preserva un poder legislativo que se comporta como cuerpo de tiples de espectáculo nocturno; y un poder judicial que cumple rituales jurídicos llenos de palabrería y vacíos de derecho, pues sus sentencias son predeterminadas por el autócrata, quien simula sujetarse a lo que deciden ambos, aunque son sus criadas (en la acepción más ofensiva que tenga usted a la mano, si para ello no tiene inconveniente).
Para los autócratas contemporáneos resulta incómoda la existencia de los órganos constitucionales autónomos, no integrantes de los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo o judicial), que cumplen funciones esenciales para la legalidad y legitimidad de la vida pública de sus naciones.
En México tenemos 10 órganos de esos, por ejemplo, el INE, responsable de todos los comicios; la CNDH que vigila el respeto a los derechos humanos en la actuación del Estado; el Banco de México, que impide al Ejecutivo desatar procesos inflacionarios y preserva la solvencia financiera del país; y otros tan importantes como la Fiscalía General de la República.
Los presidentes de México, como cualquier otro gobernante en el mundo, aspiran a tener el mayor control político posible, para facilitar sus proyectos. Muy correcto pero con un límite: respetar la ley al hacerse de ese control. La 4T, encarnada toda ella en la persona del presidente López Obrador, no respeta la ley cuando de imponer su voluntad se trata y considera que acogerse al respeto al estado de derecho es una excusa de los agraviados o afectados por sus decisiones (así dice el noveno párrafo de la carta que dirigió el 15 de marzo pasado al Presidente de la Suprema Corte y que el mismo Presidente hizo pública).
El Presidente en 2018 arrasó en su elección, pero no le alcanzó para conseguir el poder absoluto al que aspira sin pudor:
A los incomodísimos órganos autónomos no los ha podido meter del todo al aro, con excepción de la CNDH que neutralizó poniendo al frente de ella a una señora a la que no alcanzaría su sueldo para analgésicos si la ignorancia diera dolor de cabeza.
Al Poder Judicial, a pesar de diversos maniobreos, hasta el momento tampoco lo ha podido someter.
Y para gran frustración de sus ansias de ser estatua, tampoco consiguió la mayoría calificada, los dos tercios de votos, en las dos cámaras del Poder Legislativo federal para poder reciclar la Constitución como papel de baño.
Cierto, en la Cámara de Diputados, tiene la mayoría calificada (dos tercios de los votos), necesaria para poder cambiar la Constitución, pero la consiguió violando el artículo 54, fracción V de la propia Constitución, que dice: En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, que representen un porcentaje que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida (ambos principios, los legisladores elegidos y los plurinominales, los de lista, pues).
Así es: la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, el PT y el PES), ganó el 45.9% de los votos de diputados federales, el máximo de curules a que podía aspirar al repartir los diputados de lista (los pluris), es el 53.9% (45.9 + 8), pero se agenciaron el 64.6% (323 diputados), a los que suma 11 diputados que le renta al PVEM, para llegar a los 334 diputados, uno más de los dos tercios. Respetando la ley, el Presidente tendría solo el voto de 269 diputados más los once que arrienda al Verde, un total de 280, insuficientes para remendar la Constitución. Pero se hizo la trampa.
Otra cosa fue en la Cámara de Senadores, donde la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, el PT y el PES), ganó solamente 70 curules de las 128 que la componen; más seis senadores que arrienda al Verde, llegó a 76 senadores y necesitaba 85 para hacer buñuelos con la Constitución. Ahí para la otra.
Ahora que todo es adverso a su reforma patito a la Ley de la Industria Eléctrica, por ser inconstitucional, el Presidente dice que buscará reformar la Constitución y que como no tiene la mayoría necesaria en el Congreso la buscará en las elecciones del próximo 6 de junio (dando por descontado que tendrá de su lado los 17 congresos estatales que requiere para validar las reformas constitucionales).
De veras, pobre hombre, que alguien le explique. Con y sin elecciones, resulten como resulten, seguirá sin la mayoría necesaria en la Cámara de Senadores, que se renueva hasta el 2024. ¡Lástima Margarito!
